«¡Cómo estarían las cosas para que nos pusieran vigilantes, eso no se ha visto en ningún sitio! -claman-. Y ya nos avisaron de que era una medida temporal, pero lo lógico es que antes de quitarla comprobasen si la situación está arreglada del todo, y no es así», censuran. Para ellos, la decisión se ha basado únicamente en «criterios económicos».
A su juicio, el llamado 'grupo interinstitucional Saralegi' -formado por el Gobierno vasco, el Ayuntamiento de Bilbao y la Diputación-, creado para el seguimiento de estas familias conflictivas, «no está controlando la situación como debiera». Y no sólo se refieren a su malestar por la eliminación de vigilantes: «No sabemos por qué tienen tanta manga ancha con ellos. Reciben ayudas sociales y, según nuestra opinión, no cumplen con el convenio de inclusión». Este 'contrato' supone que los perceptores de las subvenciones se comprometen a ciertas responsabilidades, como buscar empleo o asistir a cursos, para acceder al mercado laboral y salir adelante por sus propios medios. «Aquí todo el mundo sabe cómo es esta gente y cómo actúa. Y los políticos, también -aseguran-. ¿Por qué si no el Ayuntamiento ha quitado un banco que había en una isleta donde se juntaban? Porque allí se formaban unos grupitos...».
Además de los problemas que causan estas dos familias, la asociación Labetxo urge al Ayuntamiento a reforzar la seguridad ciudadana en todo el vecindario, debido a la gran cantidad de delitos que se comenten en la zona. «Tráfico de drogas, prostitución, gente con armas de fuego... hay de todo», lamentan.
el correo digital 16/01/10
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